Desde los años 90, la prensa escrita es profusa: de los 65 semanarios existentes, 10 se publican con regularidad, ya sean publicaciones satíricas como Le Lynx, o periódicos de información general como L'indépendant. El sector audiovisual cuenta con cerca de 60 emisoras de radio y una decena de cadenas de televisión, mientras que un centenar de webs de información han visto la luz en los últimos 25 años. El panorama mediático es pluralista y la ley de libertad de prensa de 2010 impide una concentración excesiva de los medios. Sin embargo, la producción de información crítica es cada vez más difícil bajo el gobierno de transición. Cuatro emisoras de radio privadas sufren interferencias constantes desde noviembre de 2023, tres canales de televisión privados son prácticamente inaccesibles y al menos tres sitios web informativos fueron bloqueados durante varias semanas sin explicación alguna en 2023. 

Aunque el gobierno de transición se comprometió con RSF a respetar la libertad de prensa nada más llegar al poder, en octubre de 2021, las autoridades han incrementado sus ataques en los últimos meses y censurado varios medios de comunicación de gran audiencia. Todos los medios afectados tienen en común que siguen una línea editorial libre y crítica. En diciembre de 2023, el organismo regulador de los medios, la Haute Autorité de la Communication (HAC), retiró tres canales de televisión de la programación televisiva por razones de "seguridad nacional". El Ministerio de Asuntos Exteriores también alegó un "problema de seguridad" como excusa para bloquear el acceso a las redes sociales en el país durante tres meses. 

El fin de las penas privativas de libertad por delitos de prensa, recogida en la Ley sobre la Libertad de Prensa promulgada en 2010, constituye un avance significativo para proteger a los periodistas. No obstante, las denuncias o detenciones de profesionales de los medios se siguen produciendo, como sucedió con una decena de periodistas en octubre de 2023 y, de nuevo, en enero de 2024. La ley orgánica sobre el derecho de acceso a la información pública, que también instaura el principio de transparencia, no ha entrado todavía en vigor, a pesar de haber sido aprobada en noviembre de 2020. En septiembre de 2022, la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC) suspendió a cinco periodistas sin respetar los procedimientos legales.

Los medios públicos guineanos tienen trato de favor en detrimento de los medios privados, ya que el Estado prioriza el acceso de los públicos a los actos oficiales y de comunicación gubernamental. Las subvenciones concedidas a los medios privados son insuficientes. Éstos funcionan principalmente gracias a los anunciantes, pero cuando se les coarta o se les censura, los anunciantes suelen asustarse y rescindir sus contratos. Los medios afectados se ven obligados a reducir sus actividades o a cesarlas totalmente, poniendo así a los periodistas en paro técnico por la falta de fondos. 

Algunos temas como la homosexualidad, la poligamia o la violencia doméstica se tratan con cierta cautela, incluso con contención, para no ofender a la moral pública. Los periodistas que abordan la lucha contra la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos suelen ser acosados por los grupos religiosos. 

Las agresiones y la violencia hacia los periodistas son habituales, especialmente en las manifestaciones políticas. Los profesionales de los medios también sufren amenazas de muerte o acoso en las redes sociales. Los autores de estos actos de violencia, a menudo agentes de las fuerzas del orden, pero también activistas o militantes de partidos políticos, quedan impunes en su gran mayoría. Los periodistas también son detenidos con regularidad. El secretario general del principal sindicato de prensa, Sékou Jamal Pendessa, pasó más de un mes detenido por querer organizar una manifestación a favor de la libertad de prensa, y el periodista francés Thomas Dietrich fue expulsado del país a principios de 2024, cuando investigaba la corrupción en la sociedad petrolífera nacional (SONAP).