Las emisoras de radio y cadenas de televisión son los medios más seguidos en Filipinas y, de entre todos ellos, el de mayor éxito es el gigante GMA-7, que concentra a cerca de un 50% de la audiencia. Su gran competidor, ABS-CBN, cuya licencia de difusión fue anulada en 2020, mantiene sus emisiones gracias a su creciente presencia en Internet. La prensa escrita está perdiendo fuelle, aunque el Philippine Daily Inquirer se mantiene como un diario de referencia, impulsado principalmente por su versión online, Inquirer.net. El digital Rappler, fundado en 2012 por la premio Nobel de la Paz Maria Ressa, ha sabido hacerse con una audiencia estable tanto en su web, como en las redes sociales. Las publicaciones regionales sufren para sobrevivir sin una fuerte presencia en Internet, como le sucede a grandes cabeceras del país, como Sunstar Baguio o Visayan Daily Star.

Antes de 2022, los seis años de presidencia de Rodrigo Duterte estuvieron marcados por numerosos ataques verbales del jefe del estado contra los periodistas, reforzados por maniobras de acoso judicial contra cualquier medio juzgado demasiado crítico con el gobierno. Durante su mandato, el Congreso rechazó renovar los permisos de difusión del grupo ABS-CBN, lo que llevó al cierre de decenas de cadenas de radio y televisión. También en ese periodo, varios portales de información, como los de la red Altermidya, fueron objeto de ciberataques liderados por los trolls pro-Duterte. Aunque estos ataques parecen menos numerosos y menos violentos desde que Ferdinand Marcos Junior, conocido como "Bongbong" - hijo del antiguo dictador Marcos Senior, depredador "histórico" de la libertad de prensa en el país - accedió a la presidencia en 2022, la situación sigue siendo preocupante. Persiste el acoso mediante amenazas y el red-tagging ("etiquetado en rojo") o "catalogación comunista", mientras que la difamación dentro y fuera en Internet siguen castigadas con penas de cárcel.

La Constitución de 1987 garantiza la libertad de prensa, pero, en la práctica, el derecho filipino no protege el libre ejercicio del periodismo. La difamación sigue estando penada y la periodista Maria Ressa se arriesga por ello a varias décadas de prisión, tras las acciones judiciales emprendidas contra ella por varios organismos gubernamentales. Su absolución en septiembre de 2023 por un caso de evasión fiscal es, sin embargo, alentadora. Por otra parte, varias leyes relativas a la propiedad de los medios o a la fiscalidad son instrumentalizadas por el gobierno para acosar a medios críticos, como el digital Rappler. Desde 2020, Frenchie Mae Cumpio está detenida y acusada de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, dos delitos castigados con penas de cárcel. Su compañera periodista, Lady Ann Salem, lleva cuatro meses detenida por cargos ficticios similares.

Tradicionalmente alta en el país, la concentración de medios se ha agravado en los últimos tiempos. Este fenómeno se acompaña de una gran cercanía entre las familias dirigentes y los barones políticos, a nivel nacional y regional. Al duopolio formado por ABS-CBN y GMA se suma un tercer coloso de las comunicaciones, el grupo Villar, propiedad de la familia del mismo nombre, abiertamente afín al clan del presidente Duterte. Aún más preocupante es la creciente influencia del primo del actual presidente Marcos, Martín Romualdez, que ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Representantes. En 2023, su empresa, Prime Media, propietaria del periódico Manila Standard, creó una sociedad conjunta con la compañía de radio ABS-CBN para ganar aún más influencia. En este contexto, Internet y las redes sociales ofrecen un espacio de libertad para numerosos medios independientes, pese a que su precariedad económica amenaza su viabilidad.

Durante la era Duterte, apodado "Punisher", los periodistas que intentaron cubrir su expeditiva política de "guerra contra las drogas" fueron el blanco de los peores ataques. La política de su sucesor, Bongbong Marcos, es más conciliadora en este sentido. Sin embargo, el gobierno sigue recurriendo regularmente al "red-tagging", (etiquetado de comunismo), una práctica heredada de la colonización estadounidense y de la Guerra Fría, consistente en estigmatizar como “elementos subversivos” a los periodistas que no siguen la línea del gobierno. Este señalamiento permite a las fuerzas del orden transformar a los periodistas en objetivo de detenciones arbitrarias o, peor, de ejecuciones sumarísimas. 

Filipinas es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, como prueba la masacre de 32 reporteros en Maguindanao, en el sur del país, en 2009. Lo peor es que la impunidad de estos crímenes es casi total. Para combatirla, el gobierno creó, en 2016, una Fuerza Especial Presidencial sobre la Seguridad de los Medios, pero este órgano interministerial se ha revelado incapaz de detener el círculo vicioso de la violencia contra los periodistas. En las regiones del país, numerosos periodistas son el blanco de amenazas y persecuciones. Las violencias específicamente ligadas al género se ceban con las mujeres: amenazas de violación, ciberacoso, revelación de datos personales, etc.