Tras un proceso de consolidación iniciado hace 10 años, el mercado mediático estonio está compuesto hoy por dos grandes grupos (Postimees Group y Ekspress Group), el ente público ERR, medios locales y numerosos digitales independientes. Medios rusófonos, como la televisión pública, emisoras de radio públicas y privadas, así como webs independientes se dirigen a la minoría rusoparlante, que constituye un 25% de la población.

El entorno político se caracteriza por una cierta neutralidad hacia el periodismo, y los ataques verbales hacia la profesión son poco habituales. Este contexto sienta las bases para que los periodistas puedan pedir cuentas a los políticos sin temor a represalias. 

Aunque está amparada por la Constitución, la libertad de prensa se ve coartada por la legislación contra la difamación y la divulgación de datos personales. Mientras que el temor a acciones judiciales por difamación puede llevar a la autocensura, las leyes de protección de datos personales han servido como pretexto a las autoridades estonias para limitar aún más el acceso a la información pública. Las normas éticas del oficio de periodista están reguladas por la Asociación de Empresas de Medios y por la mayoría de organizaciones del sector.

La propiedad de los medios en Estonia está muy concentrada, prácticamente en forma de oligopolio, puesto que los propietarios de los dos principales grupos tienen intereses en otros sectores. El sector privado opera en un mercado reducido con un acceso limitado a la financiación, lo que obliga a estos medios a buscar nuevas fuentes de ingresos, como la organización de eventos. El presupuesto de los entes audiovisuales públicos es cada vez más limitado y puede ser objeto de influencias políticas.

Durante la pandemia, los medios han sido acusados de ser complacientes con las autoridades y las empresas farmacéuticas por una parte de la población, lo cual ha dado lugar a ataques verbales contra algunos periodistas, también en Internet.

Aunque las agresiones físicas hacia los periodistas son extremadamente inusuales, éstos están expuestos a un creciente número de amenazas en Internet. Los casos más graves  se saldaron con una denuncia ante la policía y la apertura de una investigación. Las redacciones han tomado medidas para una mayor protección de sus empleados, pero ante la ausencia de una ayuda psicológica sistemática frente al ciberacoso, la autocensura sigue siendo una opción.