Los dos grandes medios del Estado, Bangladesh Television (BTV) y la emisora de radio Bangladesh Betar y la agencia nacional de noticias Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) funcionan como órganos de propaganda del gobierno. El sector privado cuenta unos  3.000 medios de prensa escrita diaria o periódica, 30 emisoras de radio, de las cuales algunas son emisoras comunitarias, 30 cadenas de televisión y varios cientos de sitios web informativos. En este panorama, los canales de noticias progubernamentales Somoy TV y Ekattor TV son muy populares y no hay cadenas de noticias independientes o pertenecientes a la oposición. Los dos grandes diarios del país, el de habla bangladesí Prothom Alo y el anglófono The Daily Star logran mantener una cierta independencia editorial.

Desde la independencia del país, en 1971, los gobiernos consideran a la prensa como una herramienta de comunicación. El de la primera ministra Sheikh Hasina, en el poder desde 2009, no es ninguna excepción. Los militantes de su partido, la Liga Awami, propinan regularmente violentos ataques físicos a algunos periodistas que no son de su agrado; otros compañeros padecen campañas de acoso judicial destinadas a silenciarlos que, en ocasiones, conducen al cierre de algún medio. En estas condiciones, las redacciones se cuidan mucho de cuestionar cualquier afirmación que proceda del gobierno.

Unos meses antes de las elecciones nacionales del 7 de enero de 2024, el gobierno introjuo la Ley de Ciberseguridad (CSA), que no es sino una burda copia de la Ley de Seguridad Digital (DSA), una de las legislaciones más draconianas del mundo para los periodistas. En concreto, permite: realizar registros y detenciones sin orden judicial, la incautación de material electrónico, violar el secreto de las fuentes por motivos arbitrarios y condenar a 14 años de cárcel a cualquier periodista que publique informaciones consideradas “propaganda contra el padre de la nación”, que no es otro que el padre de la actual primera ministra. En este contexto,  las redacciones recurren ampliamente a la autocensura.

La mayoría de los grandes medios privados pertenecen a un puñado de grandes empresarios que han despuntado durante el boom económico de Bangladesh. Consideran que sus medios son meras herramientas de influencia y rentabilidad, hasta el punto de preferir unas buenas relaciones con el gobierno en vez de  garantizar la independencia editorial. Así, a menudo son representantes del gobierno quienes deciden quiénes serán los participantes en los debates nocturnos de las cadenas privadas de televisión. Muchos periódicos dependen de la financiación pública y del papel importado para su impresión.

Aunque en la Constitución se define como laico, Bangladesh reconoce al islam como religión de Estado. Esta ambigüedad se reproduce en la prensa, donde todo lo relativo a cuestiones religiosas es tabú. Los medios dirigidos al gran público nunca abordan la cuestión de las minorías religiosas, que sin embargo representan a 10 millones de personas. A lo largo de la pasada década, grupos autoproclamados islamistas radicales lanzaron campañas extremadamente violentas, que se saldaron con el asesinato de periodistas. Estos mismos grupos utilizan hoy las redes sociales para atacar a los periodistas que defienden la laicidad, el derecho a opiniones alternativas o la libertad religiosa. 

Violencia policial, ataques por parte de militantes políticos, asesinatos orquestados desde entornos yihadistas o redes mafiosas… Los periodistas de Bangladesh están tanto más expuestos a las agresiones cuanto que los delitos quedan impunes. Se recurre a menudo a la DSA para mantener a periodistas y blogueros en prisión, en condiciones extraordinariamente difíciles. Por último, en el seno de una profesión todavía esencialmente masculina, las mujeres periodistas tienen que bregar con una cultura recalcitrante del acoso y son objeto de campañas de odio en Internet cuando intentan defender públicamente sus derechos.