Sobre el Sistema Nacional de Protección – Honduras
- Sobre el Sistema Nacional de Protección – Honduras
- Sobre el mecanismo
- Cómo ingresar
- Desde la solicitud hasta la ejecución
- Desafíos
- Dudas frecuentes
- Más información
Los mecanismos de protección son programas implementados en las administraciones del Estado para responder a la violencia estructural contra determinados grupos. En la mayoría de los casos, son el resultado de presiones de la sociedad civil y organismos internacionales, que exigen medidas de protección para garantizar la integridad de las personas amenazadas como consecuencia de su actividad.
La misión de los mecanismos consiste esencialmente en recibir las denuncias de amenazas, realizar una evaluación de riesgo, decidir la necesidad y tipo de medidas a adoptar, implementar un esquema de protección y acompañar al/a la beneficiario/a, quien pasa a estar oficialmente bajo la protección del Estado. Las medidas pueden ir desde patrullas policiales regulares y el uso de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas, hasta la reubicación del beneficiario en otra ciudad.
El Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP), creado en 2015, establece la política de protección, compartiendo responsabilidades en las diferentes esferas administrativas.
Sobre el mecanismo
El Sistema está vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos. El Consejo Nacional de Protección, integrado por organizaciones de la sociedad civil, es el ente representativo y deliberativo.
La ley obliga al Estado no sólo a reaccionar frente a agresiones, sino a enfrentar las causas de los riesgos e implementar medidas preventivas y de combate a la impunidad. Actualmente, el cumplimiento de estas asignaciones se ve limitado, entre otros motivos, por la falta de recursos humanos y financieros.
Según datos de enero de 2023, el SNP tenía un total de 183 casos activos, 31 de los cuales eran de periodistas y comunicadores sociales, incluidos los casos colectivos – dirigidos al conjunto de los trabajadores/as de emisoras de radio y televisión.
Llamadas preventivas, de notificación a las autoridades con miras a un reconocimiento público, a la garantía y a la no estigmatización de la labor periodística son las medidas más frecuentes. El SNP también puede solicitar escoltas personales institucionales o privadas, chalecos antibalas, vehículos blindados, la instalación de circuitos cerrados de TV, alarmas, sensores, botones de asistencia, cerraduras de seguridad y reubicación temporal por hasta 6 meses, donde se le provee alojamiento y alimentación, además de atención médica y psicológica.
Otra posibilidad son medidas de forma colectiva, como la instalación de alarmas y de infraestructura de comunicación en las comunidades, refugios de seguridad comunitarios, además de acciones dirigidas a abordar el impacto psicológico y social de la violencia. Hasta la fecha estas medidas son muy precarias en su implementación.
Al menos 16 periodistas y comunicadores fueron asesinados en el país en los últimos 10 años.
Los asesinatos son sólo la punta del iceberg y apuntan a un escenario de violencia estructural, con altos índices de impunidad. Periodistas y comunicadores son objeto de amenazas, agresiones físicas y digitales, campañas de desprestigio, hostigamiento e intimidaciones.
Cómo ingresar
El SNP atiende periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos, camarógrafos y reporteros gráficos en los medios de comunicación, definidos como “personas naturales que realizan labores de recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital, de imagen o de otra índole”.
La condición para ser incluido en el SNP es la existencia de indicios o amenazas sobre la presencia de riesgo y que haya un vínculo causal entre este y el trabajo periodístico.
La solicitud de ingreso se puede realizar por correo electrónico o teléfono. Otra posibilidad es completar un formulario con sus datos en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos.
Teléfono: +504 9874-8595 (línea 24 horas)
Correos: [email protected] ; [email protected] ; [email protected]
Dirección: Edificio Le Sage, Colonia Florencia Oeste, Boulevard Suyapa frente a Lama Motors / Volvo. Tegucigalpa
Desde la solicitud hasta la ejecución
La puerta de entrada es la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata de la Dirección General. La persona en riesgo puede llenar el formulario en el sitio web del SNP, mediante una línea telefónica disponible 24 horas, por correo electrónico, o a través de terceros que actúen en su representación.
Si se cumplen los criterios, el equipo explica el procedimiento de evaluación del caso y programa una entrevista de preanálisis. En esta etapa, el/la posible beneficiario/a presenta los insumos de los actos de amenaza y agresión que viene sufriendo y su relación con el trabajo que desarrolla. En esta entrevista también son señaladas otras personas y organizaciones que pueden contribuir a la comprensión del caso.
A partir de estas conversaciones y de un análisis de información de fuentes abiertas, la Unidad elabora una matriz y genera una puntuación para definir si el caso debe ser tratado como un procedimiento ordinario o extraordinario. Plazo de análisis: de 3 a 5 días.
En situaciones de riesgo inminente o atentados ya ocurridos, el caso es remitido inmediatamente al Comité Técnico para evaluar las medidas de protección urgentes – patrullas, escoltas o, más raramente, extracción y reubicación inmediata del/la beneficiario/a. En seguida, la Unidad de Implementación y Seguimiento hace un análisis de riesgo detallado. Las medidas son solicitadas en un plazo de 72 horas a la Secretaría de Seguridad, la cual tiene 8 horas para implementarlas
Si el riesgo no es inminente, el parecer de la Unidad de Recepción sigue para la Unidad de Análisis de Riesgo, que hará una investigación más detallada del caso y elaborará un plan de trabajo para la elaboración del análisis.
A partir del plan de trabajo se recolecta nueva información con entidades públicas, testigos y organizaciones o personas del mismo sector al que pertenece quien solicita las medidas de protección. El análisis se estructura con base en 3 elementos: contexto del municipio donde actúa el/la beneficiario/a, de la población a la que pertenece y de la persona que originó el riesgo; intencionalidad del daño; y vulnerabilidades, como la del entorno residencial y laboral. Los análisis generalmente se hacen en 30 días, pero casos complejos pueden tardar de 3 a 6 meses. Este tiempo depende del volumen de casos en espera.
Analistas de la Unidad de Evaluación de Riesgos realizan investigaciones sobre el tema con fuentes abiertas, visitan la casa y el lugar de trabajo del/la periodista, analizan el contexto local y los trayectos recorridos por la persona. El objetivo es identificar la intencionalidad del daño, verificando la frecuencia y la gravedad de los incidentes y la identificación del posible agresor; el impacto producido por esta agresión; las vulnerabilidades del peticionario y la inminencia de agresión. Pese al plazo de 10 días que establece la ley para esta etapa, la sobrecarga de trabajo hace que los análisis no estén listos en menos de 3 semanas.
El plan de protección, resultado de la etapa anterior, es consensuado con la persona o colectivo beneficiario. Las medidas otorgadas por el Comité Técnico deben ser implementadas en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, por falta de coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Protección, los tiempos son más largos.
Hay una línea de comunicación permanente entre oficiales de seguimiento y beneficiarios/as para que nuevos episodios puedan ser informados de forma inmediata. Los casos ordinarios se controlan una vez cada 15 días; casos extraordinarios una vez por semana. Las medidas se mantienen mientras persista la situación de riesgo y, cada 6 meses, se revisa la evolución del cuadro de cada beneficiario/a. No obstante, puede solicitarse revisión de medidas si las que fueron implementadas no funcionan o se han producido nuevos incidentes de gravedad.
Desafíos
Actualmente, el SNP no cuenta con metodologías y protocolos específicos de atención para la población de comunicadores/as y periodistas beneficiarios/as de las medidas de protección.
Entidades de la sociedad civil frecuentemente critican la falta voluntad política real del SNP para actuar de manera independiente de los gobiernos.
Organizaciones representantes de la prensa afirman que cuando un/a periodista es agredido/a por un policía o miembro del Ejército, especialmente durante cubrimientos y protestas, en lugar de reaccionar ante el episodio, las Secretarías de Seguridad y de Defensa acaban blindando a los agentes públicos.
El problema de confiabilidad se suma a un contexto de fragilidad estructural y de limitación presupuestaria, que hacen inviable la implementación de medidas tecnológicas y de infraestructura e impiden formar un equipo capaz de responder a los pedidos y analizar el riesgo de los/as peticionarios/as con agilidad.
Honduras tiene protocolos ejemplares para abordar la perspectiva de género en la política de protección, pero la falta de recursos y capacitación del personal impide su implementación.
Los analistas de riesgo del SNP se concentran en Tegucigalpa, lo que dificulta la comprensión de los diferentes contextos de violencia en el país.
La línea de emergencia 24 horas, en lugar de tener un equipo propio, depende de los funcionarios de las diferentes unidades que se turnan el servicio de la línea cada semana, llevándose el teléfono a casa y teniendo que acompañar llamadas y mensajes durante la noche en la madrugada o en las unidades de transporte público donde se desplazan. También deben hacerlo desde sus teléfonos privados y con sus propios recursos para que estén activos.
Además de la garantía de autonomía financiera y administrativa del Sistema a través de la creación de un instituto independiente, no subordinado al gobierno central, entidades como la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), la Asociación LGTB Arcoiris, El Grupo de Sociedad Civil, Grupo de Sociedad Civil (GSC); la Asociación Intibucana Las Hormigas; la Asociación de Fiscales; el Colegio de Periodistas de Honduras, CPH y la Asociación de Prensa de Honduras, APH demandan la desmilitarización de la Secretaría de Derechos Humanos y que se respete el Consejo Nacional de Protección como ente representativo y deliberativo.
Dudas frecuentes
En caso de ser negada la admisión al SNP por parte del Comité, las apelaciones pueden ser presentadas al Consejo Nacional de Protección en un plazo de 10 días, las cuales son abordadas por una comisión. Este es el único espacio institucional con participación de la sociedad civil en todo el Sistema.
La solicitud de revisión debe ser comunicada a la Unidad de Seguimiento, que programará una nueva evaluación de riesgos. El caso es reevaluado por el Comité Técnico, responsable de aprobar las medidas sugeridas en el parecer de los analistas de riesgo. La solicitud se hace ante el o la directora general de la Dirección General del Sistema Nacional de Protección.
La información suministrada por la persona solicitante es confidencial y debe ser utilizada únicamente para la elaboración del análisis de riesgo. La ley asegura que se hará una valoración objetiva, independientemente de la procedencia del agresor, pero todavía hay desconfianza por parte de los posibles beneficiarios/as.
Una parte de las entidades que componen el Consejo Nacional de Protección entiende que la vinculación con la Secretaría de Derechos Humanos contamina políticamente las decisiones del mecanismo sobre la aceptación de casos y la designación de medidas de protección y considera que no hay protección en el manejo de la información.
Más información
Entre 2021 y 2022, RSF investigó y analizó la situación de los mecanismos de protección de periodistas en los cuatro países más peligrosos para la prensa de América Latina: México, Honduras, Colombia y Brasil.
El informe “Bajo riesgo – Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina” analiza el funcionamiento, la efectividad y el impacto de las medidas de protección adoptadas para asistir a periodistas amenazados/as que solicitan apoyo estatal.
Para la producción de este informe, publicado en febrero de 2022, RSF realizó 75 entrevistas con beneficiarios/as, responsables de implementar mecanismos de protección y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Consulte también el resumen ejecutivo del informe, que sintetiza los resultados del estudio.
Exigir al Estado que cumpla con su obligación es solo una parte del desafío para mejorar la protección de los comunicadores/as. La seguridad tampoco debe ser concebida como un compromiso individual del periodista, sino de todas las empresas, organizaciones sociales y colectivos que implicados en el proceso de la comunicación.
Para obtener más información, acceda al Manual de Seguridad para Periodistas - Guía práctica para reporteros en zonas de riesgo. El manual cuenta con información detallada sobre: cómo preparar bien el viaje, cómo garantizar tu seguridad durante la misión, el reto de la seguridad digital, buenas prácticas en las redacciones, y otros aspectos relevantes para el ejercicio de la profesión.